Saturday, July 1, 2017

Breve Repaso de lo que occurió en Austin

Gracias a los amigos de Texas Impact un resumén de las actividades de la legislatura estatal. Traduccion hecha con prisa; perdón.

Participación Cívica y Gobierno Abierto
Varios proyectos de ley para aumentar la participación de los votantes fracasaron en esta sesión. HB 199 por Rep. Bernal habría desabrochado el límite en el número de condados que podrían participar en la encuesta de todo el condado. HB 209 por Rep. Canales y HB 260 por el Representante Eric Johnson habría hecho más fácil para los estudiantes de secundaria y prisioneros, respectivamente, registrarse para votar. El gobernador firmó la HB 658 por el diputado Bernal, un proyecto de ley que dará prioridad a los votantes discapacitados sobre otros votantes en las urnas, lo que les permite saltar líneas largas.

Antes de la última sesión, la Corte Suprema de Texas restringió lo que constituye información pública en dos casos judiciales reduciendo la transparencia en la contratación estatal. A pesar de haber aprobado el Senado, los proyectos de ley bipartidistas del Senador Watson y del Representante Capriglione que hubieran revertido esas decisiones y restaurado la ley murieron en el Comité de la Cámara de Transparencia y Operaciones del Gobierno. Además, el gobernador Abbott vetó la ley HB 2783 del representante Smithee, que habría impedido a los gobiernos utilizar el costo del litigio como una táctica para impedir la divulgación de información de otra manera pública.

Justicia criminal
Los defensores dieron prioridad a SB 1849 por el Senador Whitmire, la Ley Sandra Bland, nombrada para una mujer que fue arrestada después de una parada de tráfico y posteriormente murió en la cárcel. El proyecto original de Coleman incluía disposiciones que regularían el perfil racial y proporcionaban asesoramiento a los agentes de policía que tenían perfil racial, pero se quedaron estancados en el comité. El proyecto de ley del compañero del senado finalmente pasó después de las provisiones que la comunidad de la aplicación de ley objetó fue quitado del proyecto de ley. El compromiso incluye importantes disposiciones sobre la salud mental y la reforma penitenciaria, como las desviaciones para las personas con problemas de salud mental o abuso de sustancias para el tratamiento en lugar de las cárceles del condado.

Los legisladores avanzaron en el nexo entre la salud mental y la justicia penal. La legislatura aprobó SB 292 por el Senador Huffman, que creará un programa de subsidios para los condados para abordar los problemas de salud mental de individuos anteriormente encarcelados para ayudar a reducir la reincidencia. Además, la Legislatura aprobó HB 337 por Collier, un proyecto de ley que garantizará la elegibilidad continua para Medicaid de un individuo que ha sido puesto en libertad de la cárcel o prisión. Las personas que reciben tratamiento de salud mental mientras están encerradas a menudo experimentan una interrupción en ese tratamiento cuando se liberan debido a la burocracia de volver a solicitar Medicaid, que a menudo conduce a la reincidencia. HB 337 por Rep. Collier resolverá esto suspendiendo los beneficios de Medicaid de un individuo en lugar de terminarlos, y luego restablecer esos beneficios 48 horas después de su liberación.

SB 30 por el Senador West proporcionará materiales educativos para estudiantes de escuelas públicas sobre cómo interactuar con oficiales de policía. La legislación, que entrará en vigor el 1 de septiembre, también incluye la capacitación de oficiales de policía sobre la interacción civil. El aumento de la educación y la formación tiene por objeto disminuir las tensiones y las ansiedades que pueden surgir durante la interacción civil y policial.

HB 1314 por Rep. Israel habría permitido que reclusas embarazadas fueran liberadas por un vínculo personal. HB 3080 por la Rep. Rose habría eximido a las personas con una enfermedad mental severa de la pena de muerte. HB 3054 por el Representante Herrero habría informado a los miembros del jurado sobre el efecto de sus decisiones de sentencia en casos de pena capital. Los tres proyectos de ley no aprobaron esta sesión.

Educación
HB 21, el proyecto de reforma de las finanzas escolares de Huberty, no logró aprobar esta sesión. Cuando salió de la Cámara, HB 21 habría proporcionado $ 1.9 mil millones para escuelas públicas, cada distrito escolar habría recibido más dinero, y las fórmulas financieras escolares usadas para asignar fondos a los distritos escolares habrían sido actualizadas. Sin embargo, el Senado redujo el financiamiento para las escuelas públicas en cerca de 75 por ciento a $ 500 millones, y agregó un programa de cupones para desviar dinero de las escuelas públicas para subsidiar escuelas privadas que no cuentan con cuentas. La Cámara votó tres veces en contra de los vales, y el Senado se negó a eliminar la disposición de privatización o agregar más dinero a las escuelas públicas. HB 21 murió en el comité de la conferencia.

La SB 3, la legislación comprensiva del voucher del senador Taylor que habría establecido un programa estatal del vale, pasó estrecho el senado después de haber sido substancialmente reducido. Para obtener los diecinueve votos necesarios para llevar el proyecto de ley a la sala, el teniente gobernador se vio obligado a separar algunos distritos rurales para obtener los votos de ciertos senadores rurales. Después de una votación de 19-12 para traer la cuenta a la palabra, SB 3 pasó el senado 18-13. SB 3 fue remitido al comité de educación pública de la casa, pero no recibió una audiencia.Algunas de esas recomendaciones incluyen mandar la señalización en los cuartos de baño de las empresas de orientación sexual para la línea directa de tráfico humano, aumentar los recursos para la aplicación de la ley y exigir clases de entrenamiento de conducción comercial para Incluyen capacitación en el reconocimiento y prevención de la trata de personas.

HB 4102 por el Representante Neave Crowdfund dinero para borrar la acumulación de kits de violación no examinados alojados por el estado. SB 256 por el Senador Van Taylor protege la información personal de las víctimas de violencia familiar y agresión sexual. SB 2039 por el Senador Zaffirini requiere que los distritos escolares desarrollen un módulo de instrucción para los currículos de salud escolar para incluir información sobre las diferentes formas de abuso sexual, tráfico sexual y evitar actividades de alto riesgo como un intento de intervención temprana. Los tres proyectos de ley se convertirán en ley. HB 1342 por el Representante Tan Parker habría proporcionado un entrenamiento más comprensivo de la prevención del abuso sexual a los niños en las escuelas, sin embargo, el Gobernador Abbott lo vetó porque no se incluía una cláusula de exclusión de los padres. Los defensores de los niños se oponen a la exclusión de los padres porque el abusador sexual a menudo es un padre.

Servicios financieros
En un esfuerzo por reducir la demanda de préstamos de día de pago al animar a la gente a depositar dinero en una cuenta de ahorros, el HJR 37 del Representante Eric Johnson propone una enmienda constitucional que permitiría a los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y otras instituciones financieras implementar una rifa o una Programa "ahorros vinculados a premios" (PLS). Como una lotería pero sin el riesgo, cada vez que un individuo hace un depósito mensual, la institución financiera entra a la persona en un sorteo mensual donde esa persona es elegible para ganar una recompensa en efectivo. El Gobernador Abbott vetó un proyecto de ley similar en la última sesión argumentando que ese programa era un juego de azar y requeriría una enmienda constitucional. El público podrá votar sobre la enmienda en una elección el 7 de noviembre de 2017.

Los esfuerzos para reformar los préstamos de día de pago y de préstamos para automóviles fallaron de nuevo en esta sesión. Sin embargo, los esfuerzos para anular las ordenanzas municipales locales que regulan los préstamos de consumo a corto plazo tampoco pasaron. Frustrado de que los esfuerzos de reforma nunca salieron de la comisión, Rep. Craddick trajo una enmienda de piso para crear un debate sobre el préstamo de día de pago. Los legisladores amistosos a los prestamistas de día de pago se movieron rápidamente a la tripa su enmienda que creaba el primer voto de registro en préstamos del día de paga en la casa desde la sesión 2011. Después de prevalecer en un voto de 74-64, Rep. Craddick retiró su enmarañada enmienda.

La política fiscal
Dos proyectos de ley que hubieran tenido un impacto significativo en la política fiscal de nuestro estado no pasaron durante el período ordinario de sesiones. En la actualidad, un aumento del 8 por ciento en los impuestos sobre la propiedad local desencadena una "vuelta atrás" en la nueva tasa. La SB 2 de la senadora Bettencourt buscó reducir esa tasa de retrotracción del 8% al 5%. Los condados, las juntas escolares y los distritos hospitalarios se opusieron a la medida que habría limitado la cantidad de ingresos que podrían generar para pagar servicios esenciales como escuelas, bomberos y policía. Los opositores de la legislación también dijeron que la reducción de la tasa de retroceso no resolvería el problema más grande de los funcionarios electos del estado que se niegan a financiar cosas como la educación pública, prefiriendo en lugar de empujar la cuestión de si algo necesita más dinero a los funcionarios electos locales. SB 2 aprobó el Senado, pero no se aprobó la Cámara. El Gobernador Abbott ha indicado que el debate sobre el tema será en su llamado para el período extraordinario de sesiones a partir del 18 de julio de 2017. HB 28 por el Representante Bonnen, un proyecto de ley que habría eliminado el impuesto de franquicia estatal (un impuesto sobre negocios que proporciona miles de millones En la financiación de las escuelas públicas), aprobada en la Cámara, pero no se aprobó en el Senado.

Seguridad alimentaria
Para muchos niños, la única comida que reciben es en la escuela. Cuando se combina con los programas de desayunos y almuerzos escolares existentes, SB 725 por el Senador Miles ayudará a alimentar después de la escuela a 1,9 millones de estudiantes en este estado que están listados como "inseguros alimentarios". Antes del SB 725, la ley estatal prohibía a las escuelas dar sobras , Sin abrir los alimentos a sus propios estudiantes para llevar a casa. SB 725 evita este desperdicio al permitir que las escuelas redistribuyan alimentos sin abrir a sus propios estudiantes.

Otro proyecto de ley, el HB 2159 del representante Giddings, habría evitado que los estudiantes que se quedan sin dinero en sus cuentas de almuerzo no cometan el "almuerzo", creando un período de gracia. Sin embargo, después de que los doce miembros del Caucus de Libertad usaron una maniobra procesal para matar más de 100 proyectos de ley no controvertidos en el calendario local y de consentimiento en represalia por falta de votos para traer una legislación ultraconservadora a la sala, Trabajado para revivir la legislación. Sin embargo, en vez de ser simplemente un daño colateral en la vendetta indiscriminada del Caucus de la Libertad, cada vez que el proyecto de ley fue revivido, los doce miembros más extremos de la Casa de Texas emprendieron una cruzada quijotesca contra ella. Eventualmente, wiEventualmente, con la ayuda del senador Kolkhorst, la representante Giddings pudo adjuntar partes de su proyecto de ley original a la SB 1566.

Cuidado de niños
Durante la declaración del Estado del Gobernador Abbott en enero, hizo que la reforma del sistema de cuidado de crianza de Texas fuera un elemento de emergencia. En diciembre de 2015, un juez federal dictaminó que el estado estaba violando los derechos constitucionales de los niños bajo custodia del estado donde la violación y el abuso son "la norma". El 31 de mayo, el gobernador firmó cuatro proyectos de ley de adopción. HB 4 reduce las barreras financieras al cuidado de parentesco para los niños de crianza temporal. HB 5 establece que el Departamento de Servicios de Protección de la Familia es una entidad separada del Departamento de Salud y Servicios Humanos con el fin de mejorar la eficiencia y el tiempo de respuesta a los abusos. SB 11 crea un modelo basado en la comunidad donde el estado contrae con organizaciones privadas, y HB 7 requerirá DFPS para pasar más tiempo evaluando el riesgo y ponderando el interés superior del niño.

Además de los cuatro proyectos de ley omnibus aprobados, el presupuesto estatal proporcionará $ 508 millones en gastos adicionales. De los $ 508 millones, alrededor de $ 88 millones contratarán a casi 600 nuevos trabajadores sociales, además de los 800 autorizados antes de que comience la sesión; $ 85.4 millones mejorarán las tarifas de los proveedores de cuidado de crianza para hacer frente a la escasez de colocaciones; Y $ 32.5 millones proveerán cuidado de parentesco, que mantiene a los niños con miembros de la familia y fuera de la custodia estatal. La Legislatura también pasó HB 249 por Hernández, que creará una definición uniforme de abuso y negligencia y eliminará la definición más débil de abuso y negligencia que se aplica a los proveedores. La HB 1549 de Burkett tratará los servicios de prevención y de intervención temprana para reducir la necesidad de extracciones. Desafortunadamente, sin embargo, el Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado mató a HB 132 por Minjarez, que proporcionó un pago único de TANF de menos de $ 1,000 a miembros de la familia menores de 45 años que acordaron llevar a los niños bajo cuidado familiar para compensar el costo inicial De asumir un nuevo dependiente.

Salud / Salud Mental
Texas Impact pasó gran parte de la sesión legislativa ordinaria de 2017 supervisando y actualizando a nuestros miembros sobre la legislación federal como la Ley Americana de Cuidado de la Salud que tiene el potencial de exprimir el Medicaid federal, aumentar las primas, anular protecciones y regulaciones y proporcionar grandes recortes de impuestos para los super rico. Con la incertidumbre en Washington, los legisladores optaron por esperar al gobierno federal. Por ejemplo, la SB 1376 habría creado un estudio de subvenciones en bloque en el estado, pero no pudo pasar. La única excepción fue en el área de salud mental. HB 10 by Price es una legislación omnibus que abordará el acceso y beneficios para las condiciones de salud mental y los trastornos por uso de sustancias.

Los legisladores aprobaron proyectos de ley pequeños que no dependían del financiamiento federal. Por ejemplo, la SB 507 del senador Hancock abordará cuestiones relacionadas con la "facturación del saldo", o la práctica de los hospitales que envían una factura sorpresa a un paciente cuando uno de los médicos no está en la red de la aseguradora. Un paciente que necesita atención médica no está en condiciones de negociar lo que realmente es una lucha entre los hospitales bien dotados y las compañías de seguros.

Los proyectos de ley relacionados con las tasas de mortalidad materna llegaron a las aguas rocosas por razones ajenas a los méritos de las políticas. Por ejemplo, tanto la HB 1158 de la Rep. Sarah Davis como la HB 2403 del Representante Thierry murieron cuando los doce miembros del Caucus de la Libertad mataron a malas cada proyecto de ley en el no controvertido Calendario Local y de Consentimiento. HB 1158 tomó un paseo en HB 2466, también por Rep. Davis, un proyecto de ley relativo a la depresión postparto. HB 2403 no pudo ser revivido. Más tarde en la sesión, el Teniente Gobernador Patrick mató a la SB 1929 por el Senador Kolkhorst porque la Cámara adjuntó un lenguaje de puesta en escena imprescindible para la Junta Médica de Texas. El teniente gobernador sostuvo al SB 1929 como rehén para tratar de forzar a la Cámara a aprobar una legislación discriminatoria sobre el baño. Cuando la Cámara se negó, el Teniente Gobernador se negó a dejarlo pasar para obligar al Gobernador Abbott a convocar una sesión especial donde la presión política podría ser aplicada para agregar artículos como "baños" a la llamada.

Dos proyectos de ley que tampoco pasaron fueron HB 1415 y HB 3151. HB 1415 por Rep. Klick habría aumentado el acceso a la atención primaria, permitiendo practicar prácticas avanzadas de enfermería (APRN) para practicar sin tener que pagar tarifas extremadamente costosas a un médico supervisor. Sin embargo, el proyecto de ley quedó pendiente en el Comité de Salud Pública de la Cámara. HB 3151 por la Rep. Sheffield habría simplificado los procedimientos de aplicación onerosos de conseguir que todos los niños en un hogar en la misma fecha para la renovación del Programa de Seguro de Salud de los Niños (CHIP); Sin embargo, el Comité Senatorial de Salud y Servicios Humanos se negó a dar audiencia al proyecto de ley.

Inmigración y Refugiados

Una de las piezas más polémicas y publicitadas de la legislación de esta sesión fue la legislación anti-santuario ciudades, SB 4 por el senador Perry. El proyecto de ley provocó una amplia oposición durante el proceso legislativo, las protestas después de que el proyecto de ley se convirtió en ley, y ahora es objeto de múltiples demandas contra el Estado. Después de que el Senado aprobó una factura draconiana con fines primarios partidarios, se esperaba que la Cámara aprobara un proyecto de ley más viable que sólo se aplicara después de que la policía hiciera una detención. Sin embargo, el Caucus de la Cámara de la Libertad propuso una enmienda polémica que volvía a la lengua del Senado de indagar en el punto de la detención legal que pasó 81-64. Los abogados desde entonces han apodado SB 4 una ley "muéstreme sus papeles" porque estar legalmente detenido puede ser tan mínimo un encuentro con la policía como una parada de tráfico, ser testigo de un crimen, o una palmadita después de encender el detector de metales en El capitolio.

Los tribunales federales han limitado la cantidad de tiempo que los centros de detención pueden tener familiares, incluyendo mujeres y niños, que cruzan la frontera a menos que esas instalaciones tengan licencia como Servicios de guardería por parte del estado. Esta legislación habría permitido a las compañías penitenciarias privadas obtener una licencia como una "facilidad de cuidado de niños" con el fin de detener a las personas más tiempo y recibir más dinero de su contrato con el gobierno federal. El proyecto de ley aprobó el Senado, pero no aprobó la Cámara esta sesión.

La Legislatura hizo muy poco afectando a los refugiados en el estado. SB 260 por el Senador Huffines habría eliminado ahora el lenguaje superfluo en el estatuto que pertenece a la participación del estado en el programa federal de refugiados que el Gobernador Abbott sacó del estado el año pasado, pero el proyecto murió en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara. HB 582 por la Rep. Dale, como originalmente archivado, habría hecho difícil para los refugiados y otros inmigrantes para obtener una licencia de conducir. Texas Impact trabajó con el autor para aclarar el lenguaje en el proyecto de ley que lo habría hecho menos gravoso. El proyecto de ley se agotó en el Comité de Calendarios de la Cámara. Los proyectos de ley anti-refugiados como HB 2137 por el Representante Biedermann y SB 514 por el Senador Hall no recibieron una audiencia.

Recursos Naturales y Energía
Pocos proyectos positivos relacionados con los recursos naturales y la energía pasaron. HB 2395 por Rep. Collier y SB 1587 por el Senador García habría requerido que los distritos escolares probaran sus sistemas de agua para la contaminación del plomo. Ambas medidas fallaron, aunque la SB 546 del senador Kolkhorst requiere que los Centros de Vida Apoyados por el Estado prueben sus sistemas de agua para la contaminación del plomo. HB 773 por el Representante Eric Johnson habría requerido que ciertas agencias estatales utilizaran la ciencia del clima en sus planes estratégicos, pero el proyecto de ley nunca dejó las Asuntos Estatales de la Cámara. HB 1927 habría requerido que la Comisión Estatal de Respuesta a Emergencias mantuviera un sistema de alerta para emergencias de liberación de sustancias tóxicas utilizando mensajería de texto, correos electrónicos, medios sociales y otras plataformas de mensajería instantánea. HB 1874 por el representante Rodney Anderson habría creado un programa para el reciclaje de ciertas baterías de la casa que se escapan en vertederos. Ambos proyectos de ley no pasaron de la Cámara Comité de Regulación Ambiental.

El gobernador firmó el SB 1045 por el senador Estes, lo que reducirá la capacidad del público para participar en ciertos permisos de calidad del aire para grandes instalaciones industriales. Anteriormente, las partes afectadas podían solicitar una audiencia pública cada vez que se presentaba una solicitud aérea y una segunda oportunidad una vez que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas evaluó la solicitud. SB 1045 combina los avisos, limitando así la participación pública en el proceso.

La SB 277 del Senador Campbell prohíbe subsidios y reducciones de impuestos para proyectos de energía eólica ubicados a 30 millas de una base militar. Los defensores de la legislación declararon que los parques eólicos obstaculizan las operaciones militares y podrían conducir a la reubicación de esas bases. Los opositores se preguntan si esto es realmente un esfuerzo para limitar el número de parques eólicos en el estado ya que los desarrolladores eólicos ya deben consultar con la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa antes de iniciar un proyecto eólico.

Libertad religiosa
La libertad religiosa de James Madison y Thomas Jefferson pretende proteger la práctica religiosa individual de la interferencia del gobierno, siempre y cuando esa práctica religiosa no infrinja los derechos de los demás. La 85 Legislatura tenía proyectos de ley que pasaban fácilmente porque el legislador buscaba un amplio consenso por adelantado, proyectos de ley mejorados porque el legislador estaba dispuesto a negociar con las partes interesadas y proyectos de ley que podrían ser objeto de litigio ante los tribunales porque no se buscó ni consenso ni negociación.

SB 24 por el senador Huffman, que excluye sermones de descubrimiento por entidades gubernamentales en casos civiles, pasó fácilmente. Las provisiones de la SB 911 por el Senador Huffman fueron enmendadas en la HB 555 por el Representante Springer, y resolvieron la cuestión de los empleados del condado que emiten licencias de matrimonio. Ambos proyectos de ley fueron ampliamente acordados por las partes interesadas, y proteger la práctica religiosa individual sin infringir los derechos de los demás.

HB 45 por Rep. Flynn y las provisiones de la libertad religiosa enmendadas en cuatro cuentas del atardecer comenzaron rocosas, pero la negociación produjo un producto aceptable. Desde 2011, Texas Impact se ha opuesto a la legislación que pretendía detener la infiltración de la ley extranjera para los paranoicos sobre los musulmanes. Después de que una opinión del Procurador General de 2016 afirmó lo obvio -que un tribunal de Texas no puede hacer cumplir las leyes que violan el estado o la Constitución de los Estados Unidos- los accionistas acordaron un proyecto de ley que no afecta a las organizaciones religiosas, codifica la jurisprudencia actual y entrena a los jueces sobre la ley actual.

Periódicamente, cada agencia estatal en Texas se somete a "revisión por extinción", donde se examinan las operaciones de la agencia, se recomiendan cambios, y la existencia de la agencia es reautorizada por la legislatura. A menudo, estas "cuentas del atardecer" se convierten en imanes para enmiendas porque el tema es tan amplio. En la Legislatura 85, el Caucus de la Libertad agregó "enmienda de la libertad religiosa" a cuatro cuentas del atardecer para la barra del estado de Tejas, el tablero de Texas Examinadores de la ley, el tablero de la enfermería, y el tablero de la farmacia. Cada enmienda difirió entre sí, y creó un lenguaje conflictivo con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas existente. Afortunadamente, el senador Watson fue instrumental en la facilitación de un acuerdo con otros legisladores e interesados, y las enmiendas en los cuatro proyectos de ley fueron hechas para conformarse con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas en el comité de la conferencia.


Por último, HB 3859 por Rep. Frank permitirá a un proveedor de cuidado de crianza a optar por cualquier requisito de contrato estatal si viola sus creencias religiosas. Si bien el proyecto estipula que debe encontrarse un proveedor alterno, el proyecto de ley no requiere que el proveedor informe al estado cuando no se ha cumplido un requisito del contrato. Por ejemplo, como declaró la Fiscalía General de la Nación, un padre adoptivo podrá citar una razón religiosa por la cual se niega a vacunar a un niño. Sin embargo, el proveedor no estará bajo ninguna obligación legal de informar al estado que un niño no ha sido inmunizado para que el estado pueda proporcionar un servicio alternativo. Será hasta los tres años de edad para decirle al trabajador social. Además, el proyecto de ley permitirá a los grupos religiosos discriminar entre sí. Mientras recibe dinero del contribuyente del estado, un proveedor cristiano podrá negarse a trabajar con padres adoptivos musulmanes, un proveedor bautista podrá poner un niño adoptivo católico en una escuela privada Bautista, y un padre adoptivo judío podrá Obligar a un niño cristiano a comer kosher. Texas Impact trabajó incansablemente durante todo el proceso legislativo para tratar de enmendar el proyecto de ley, pero los interesados ​​se negaron a negociar, los legisladores se negaron a enmendar, y el Gobernador Abbott firmó el proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2017., 

Friday, March 10, 2017

From June 2014: DPS with new border operation



DPS Addresses New Border Operation

By Julián AguilarJune 19, 2014 2:55 PM|Jun. 19th, 2014

Updated, 2:50 p.m., June 19:
A day after state leaders announced a directive to the Texas Department of Public Safety to increase its efforts along the border with Mexico, the DPS discussed its new mission, saying it would not include enforcing immigration laws, as it lacks that authority.
During the current operation, the DPS will instead partner with local and federal authorities on a round-the-clock basis to “deter and disrupt drug and human trafficking, and other border-related crimes.”
“When our state law enforcement officers make contact with someone [during a lawful encounter] who is admittedly or suspected to be in the country illegally, that individual is immediately referred to the appropriate federal authorities,” DPS spokesman Tom Vinger said in an email.
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Asked when a trooper might suspect someone is in the country illegally, Vinger added, “It is based on reasonable suspicion encompassing the totality of the lawful encounter. Whether someone is in the country illegally will be determined by the appropriate federal authorities, not DPS. Racial profiling is illegal and prohibited by DPS policy.”
Vinger also said that the agency would not establish roadside checkpoints, which were a controversial component of a law enforcement surge in the Rio Grande Valley last year. Some border residents and lawmakers suspected the checkpoints were being used for immigration-enforcement purposes, and not solely for warrant checks and other public safety measures.
Citing concerns for “operational and law enforcement” safety, Vinger said the department would not divulge specific details of the upcoming border operation, which the state’s leadership insisted should begin immediately.
“However, we can assure Texans that DPS will work together with our law enforcement partners to combat the ruthless Mexican cartels who are preying upon our communities and who continue to commit heinous and unimaginable crimes on both sides of the border,” he said.
Original story, June 19:
The Texas Department of Public Safety has been instructed to immediately increase its efforts to secure the Texas-Mexico border with a $1.3 million-per-week operation, the offices of Texas House Speaker Joe Straus, R-San Antonio, Lt. Gov. David Dewhurst and Gov. Rick Perry announced Wednesday evening.
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The increased enforcement is in response to the recent surge of undocumented immigrants breaching the Texas-Mexico border, including more than 33,500 unaccompanied minors who have been apprehended in the U.S. Border Patrol’s Rio Grande Valley sector since October.
“The U.S. Customs and Border Patrol … has apprehended more illegal immigrants in the Rio Grande Valley in the first eight months of the current federal fiscal year (over 160,000) than it did for all of fiscal year 2013 (154,453). In May 2014 alone, USCBP reported apprehending more than 1,100 illegal immigrants per day in the Rio Grande Valley,” the state leaders said in a joint news release.
“This year, like last year, more than half of the individuals apprehended at the Texas-Mexico border by USCBP are from countries other than Mexico," they added. "Additionally, 34,000 unaccompanied alien children (UAC) have been apprehended in Texas so far this year, with estimates that number will reach 90,000 by the end of the fiscal year. By comparison, 28,352 [unaccompanied minors] were apprehended in fiscal year 2013.”
The U.S. Border Patrol has said most of the migrants coming during the recent surge are from Central America.
The state leaders' announcement comes on the same day that U.S. Rep. Henry Cuellar, D-Laredo, and U.S. Sen. John Cornyn wrote U.S. Department of Homeland Security Secretary Jeh Johnson seeking answers about the safeguards in place to prevent the unaccompanied minors from ending up in the hands of sexual predators or other alleged criminals. By law, minors must be processed and released by U.S. Border Patrol and Immigration and Customs Enforcement within 72 hours and turned over to U.S. Health and Human Services authorities or guardians.
“Does DHS have any measures in places to track unaccompanied children after they are placed in the custody of HHS or a guardian designated by that Department?” they wrote. “If not, then how does your Department help ensure that they do not end up in the hands of predators or sex offenders? If the child does not show up for their immigration court proceedings, do DHS officials check up on them to make sure that they are safe?" 
Details about when the state's new border security plan will begin or what it entails were not specified in the statements from the Republican leaders, and calls and emails to Texas DPS officials seeking comment were not immediately returned.
“With this letter, you are directed to plan and execute a surge operation of increased law enforcement in Texas border counties. You are authorized to utilize all existing appropriated funds toward this operation,” Perry, Dewhurst and Straus said in a letter to DPS director Steve McCraw. “To the extent necessary, we will utilize our authority as governor and as co-chairs of the Legislative Budget Board to facilitate adjustments to the DPS budget until next session. The cost for this operation will need to be addressed by the next legislature in the supplemental appropriations bill.”
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The announcement comes after some lawmakers called for a special session of the Texas Legislature to provide money to address the issue. A special session would not be required, however, if DPS uses funds already appropriated for the agency.
This week, Dewhurst called for a repeat of a recent operation called “Operation Strong Safety,” which added more state-based security in the Rio Grande Valley.
In the letter sent to McCraw, Perry, Dewhurst and Straus indicated an expanded version of the operation should be considered by the DPS.
“The results achieved through this operation need to be continued and implemented over a wider area. Clearly, committing more of your resources will not end the humanitarian issues on the border, nor is it a complete solution to what is ultimately a federal responsibility,” they wrote. “But the professional law enforcement resources at the Texas Department of Public Safety can reduce crime, ensure the safety of Texas citizens and support the strained resources of local law enforcement and the U.S. Customs and Border Protection.”
Straus, the only member of the leadership team who will return to Austin next legislative session, addressed potential cost concerns in a letter to state representatives.
“I also want to be clear that this approach is not simply writing a blank check to DPS,” he wrote. “We will closely monitor and evaluate the costs and results of this effort. In my conversations with Director McCraw, I have made it clear that I would support his assessment and recommendations, while remaining prudent with taxpayer dollars. That is why I am directing the House Committees on Appropriations and Homeland Security and Public Safety to monitor and assess the cost and outcomes of this operation between now and next January.”
Texas Attorney General Greg Abbott, the Republican candidate for governor, praised the decision. Abbott wrote Johnson, the secretary of DHS, last week requesting $30 million in emergency funding for state-based border operations.
“The Department of Public Safety will have the tools and resources it needs to curtail illegal smuggling, horrific human trafficking and cartel imported crime,” he said in a statement on Wednesday. “Securing the border will reduce the illegal activity which – in turn – will promote the legitimate trade that helps make Texas the leading exporting state in the country.”
The move is likely to draw opposition from Democrats, specifically border representatives, who have said that more “boots on the ground” will not address the key causes of the migration.
“What is needed are not more 'boots on the ground' or any other euphemisms for the militarization that both impacts border residents' daily lives and is inadequate to deal with the specific issue at hand,” state Sen. José Rodríguez, D-El Paso, said in a statement last week in response to Abbott’s request.
State Sen. Leticia Van de Putte added: “Washington must tackle the root causes of this crisis: weak governments, entrenched poverty and the growing power of violent criminal actors in Central America. Texans have a long tradition of looking after our neighbors in times of need. These too are children of God. State and federal government should follow suit, and partner with our faith-based organizations, nonprofits, food banks, and health providers to help these children.” 

Wednesday, March 1, 2017

SB 4

Senado de Texas aprueba legislación anti-"santuario", enviando un proyecto de ley a la Cámara
Por Julián AguilarFeb. 7, 2017 7:34 PM | Feb. 7º, 2017

Nota del editor: Esta historia fue actualizada el miércoles, 8 de febrero de 2017, para reflejar la votación final del Senado en el proyecto de ley 4 del Senado.

El Senado de Texas controlado por los republicanos dio su sello final de aprobación el miércoles a un proyecto de ley que gut fondos de entidades locales y estatales que no hacen cumplir las leyes de inmigración.

El proyecto de ley 4 del Senado, presentado por el senador estatal Charles Perry, castigaría a las entidades gubernamentales locales y estatales ya los campus universitarios que se negaran a cooperar con los funcionarios federales de inmigración oa hacer cumplir las leyes de inmigración. La votación del miércoles fue 20-10 a lo largo de las líneas partidarias, con el senador estatal José Rodríguez, D-El Paso, ausente. Rodríguez estuvo presente un día antes, cuando el Senado lo aprobó tentativamente en una votación de 20-11.

El proyecto de ley también castigaría a los gobiernos locales si sus agencias de cumplimiento de la ley no cumplen con las solicitudes, conocidas como detenciones, de funcionarios federales de Inmigración y Aduanas para entregar a los inmigrantes bajo custodia para su posible deportación. Las entidades en violación se verían despojadas de la subvención estatal y también estarían sujetas a multas civiles. Los jefes de departamento también podrían ser procesados ​​si violan las disposiciones de la ley. El proyecto de ley no se aplica a las víctimas o testigos de delitos, escuelas públicas o distritos hospitalarios.

La legislación fue listada el mes pasado como uno de los artículos de emergencia del gobernador Greg Abbott, que permite a los legisladores votar sobre el tema antes del tradicional período de espera de 60 días para escuchar los proyectos de ley en la sala de ambas cámaras. El teniente gobernador Dan Patrick también consideró el proyecto de ley una prioridad legislativa.

El tema atrajo la atención nacional después de que Abbott cumpliera con su promesa este mes de recortar los fondos estatales para el condado de Travis después de que el alguacil del condado, Sally Hernández, promulgara una política que refuerza la cooperación de su departamento con ICE.

La votación del miércoles siguió a un largo debate el martes en el que la mayoría de las enmiendas ofrecidas por los demócratas fueron derrotadas. Como lo hizo durante una audiencia de 16 horas sobre el proyecto de ley la semana pasada, Perry se mantuvo firme durante el debate del martes, rechazando las acusaciones de que su proyecto de ley era una "deportación" después de que los demócratas insistieran en que la política arrojaría una red amplia y La gente de la trampa en el país ilegal pero que son de otra manera respetuosos de la ley.

Perry dijo que se trataba del estado de derecho y asegurarse de que cada agencia de cumplimiento de la ley sigue los mismos procedimientos. Agregó que incluso si una persona se encuentra ilegalmente en el país, no tendría motivos para temer su legislación si no cometen delitos.

"Este proyecto de ley asegura que es previsible que nuestras leyes se apliquen sin prejuicios", sin importar quién está bajo custodia, dijo. También agregó que si un gobierno local pierde dinero porque adoptó una política de "santuario", la culpa está en ellos.

Perry modificó su proyecto de ley el martes para añadir duras sanciones civiles y penales para las entidades que no cumplen con las disposiciones del proyecto de ley. Una enmienda haría que un jefe de departamento cuya agencia violara las disposiciones del SB 4 sujetas a procesamiento penal en forma de un delito menor de clase A. Otro añadió una disposición que sometería a la agencia local a sanciones civiles, incluyendo una multa de al menos $ 1,000 por la primera ofensa y $ 25,000 por cada violación posterior.

La severidad de las propuestas llevó a la senadora estatal Sylvia Garcia, D-Houston a preguntarle a Perry hasta qué punto estaba dispuesto a ir.

"¿Qué va a hacer la siguiente [enmienda]? ¿Toma a su primogénito? ", Preguntó.

La Cámara Alta, también previsiblemente derribada por las votaciones partidarias, votó varias enmiendas que los demócratas ofrecieron para que el proyecto de ley fuera más aceptable para sus electores, incluyendo una medida de la senadora estatal Judith Zaffirini, D-Laredo, que habría excluido los campus universitarios. También se rechazó una enmienda del senador estatal José Menéndez, D-San Antonio, que buscaba exigir a los oficiales de paz que aprendieran la ley de inmigración, al igual que otra del senador estatal Eddie Lucio Jr. que habría prohibido la detención de una persona Sólo porque él o ella estaba en el país ilegalmente.

García también pidió a Perry que retire una sección del proyecto de ley que castigaría a una entidad local por "respaldar" una política que prohíbe o desalienta el cumplimiento de la ley de inmigración. García dijo que la sección podría ser una violación del derecho de un funcionario electo a la libertad de expresión y podría ser interpretada ampliamente.

Antes de que la Cámara comenzara a votar sobre las enmiendas, los senadores debatieron ciertos aspectos del proyecto de ley por más de tres horas. Los republicanos aprovecharon el tiempo para reiterar que el proyecto de ley, tal como fue presentado, se enfrentaría a los desafíos judiciales que pudieran plantearse sobre cuestiones de constitucionalidad.

Ese debate fue precedido por un memo que el fiscal general Ken Pax Envió a Perry, al teniente gobernador Dan Patrick ya la presidenta del Comité de Asuntos Estatales, Joan Huffman, R-Houston, en la cual Paxton dijo que las preocupaciones sobre la posición legal del proyecto de ley eran exageradas.

"Nuestra revisión de la ley concluye que la SB 4 es constitucional, existen métodos viables para que las entidades cubiertas eviten la responsabilidad en relación con los detenidos inválidos, y el resto de las preocupaciones legales son infundadas", dijo en la carta. "SB 4 haría grandes progresos para mantener a las comunidades seguras, requiriendo que las autoridades estatales y locales cooperen con las agencias federales mientras se encargan de ejecutar fielmente las leyes de inmigración de los Estados Unidos".

Durante el debate, Perry también dijo que la medida sería la primera legislación que codifique las protecciones para las víctimas o testigos de crímenes que acuerdan cooperar con la policía. Eso ocurrió después de que legisladores demócratas dijeron que a pesar de que las protecciones están en su lugar, las comunidades de inmigrantes seguirían operando bajo una manta de miedo si llegaran a la policía por cualquier razón, incluyendo reportar un crimen.

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Perry dijo que la información errónea que se pedalea sobre el proyecto de ley podría hacer que sea más difícil para la policía obtener testigos o víctimas para cooperar. Pero dijo que dejó la puerta abierta para una "oportunidad de oro" para que las fuerzas del orden expliquen a la comunidad inmigrante lo que realmente hace el proyecto de ley.

El senador estatal John Whitmire, D-Houston, dijo que aunque los legisladores podrían estar familiarizados con los matices del proyecto de ley, el público en general no lo es y los oficiales de la ley de todo el estado han dicho repetidamente que obstaculiza sus esfuerzos para investigar crímenes y mantener Las calles seguras.

"Puede ser una pena que la gente tenga miedo. Pero eso no cambia el hecho de que la gente tenga miedo ", dijo Whitmire. "Estoy escuchando a los expertos. Puede ser una pena que se sientan de esa manera, pero es absolutamente cierto. "

Después de la votación preliminar del martes, Abbott elogió el SB 4 en un comunicado.

"La acción de hoy en el Senado ayuda a asegurar que los sheriffs y funcionarios de todo Texas cumplan con las leyes federales de inmigración y cumplan con las solicitudes de detención de inmigrantes y encarcelados que mantienen a criminales peligrosos fuera de nuestras calles", dijo en parte la declaración. "Quiero agradecer al Senador Perry por su liderazgo en este tema y espero que el pasaje final en el Senado sea mañana".

El proyecto de ley ahora se dirige a la Casa de Texas, aunque no está claro si la Cámara Baja acepta el proyecto de ley tal como está presentado actualmente. El representante estatal Charlie Geren, R-Fort Worth, presentó un proyecto de ley de acompañamiento a la propuesta original de Perry, pero la Casa de Texas aún no ha nombrado comités y no se mueve tan rápido en esta - o cualquier otra legislación - como es el Senado.

Texas Senate Bill 4

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Texas Senate approves anti-"sanctuary" legislation, sending bill to House

By Julián AguilarFeb. 7, 2017 7:34 PM|Feb. 7th, 2017

Editor's note: This story was updated on Wednesday, February 8, 2017, to reflect the Senate's final vote on Senate Bill 4.
The Republican-controlled Texas Senate gave its final stamp of approval on Wednesday to a bill that would gut funding from local and state entities that don’t enforce immigration laws.
Senate Bill 4, filed by state Sen. Charles Perry, would punish local and state government entities and college campuses that refuse to cooperate with federal immigration officials or enforce immigration laws. Wednesday's vote was 20-10 along party lines, with state Sen. José Rodríguez, D-El Paso, absent. Rodriguez was present a day earlier, when the Senate tentatively approved it on a 20-11 vote.
The bill would also punish local governments if their law enforcement agencies fail to honor requests, known as detainers, from federal Immigration and Customs Enforcement officers to hand over immigrants in custody for possible deportation. Entities in violation would be stripped of state grant funding and also be subject to civil fines. Department heads could also be subject to criminal prosecution if they violate the provisions of the bill. The bill doesn’t apply to victims of or witnesses to crimes, public schools or hospital districts.
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The legislation was listed last month as one of Gov. Greg Abbott’s emergency items, which allows lawmakers to vote on the issue before the traditional 60-day waiting period to hear bills on the floor of either chamber. Lt. Gov. Dan Patrickalso deemed the bill a legislative priority.
The issue garnered national attention after Abbott made good on his promise this month to cut state funding for Travis County after that county's sheriff, Sally Hernandez, enacted a policy that greatly rolls back her department’s cooperation with ICE.
Wednesday’s vote followed an hours long debate on Tuesday where most of the amendments offered by Democrats were defeated. Like he did during a 16-hour committee hearing on the bill last week, Perry held his ground during the floor debate Tuesday, pushing back against accusations that his bill was a “deportation” bill after Democrats insisted the policy would cast a wide net and snare people in the country illegally but who are otherwise law abiding.
Perry said it was about the rule of law and making sure every law enforcement agency follows the same procedures. He added that even if a person is in the country illegally, he or she would not have a reason to fear his legislation if they didn’t commit crimes.
“This bill ensures that there is predictability that our laws are applied without prejudice” no matter who is in custody, he said. He also added that if a local government loses money because it adopted a "sanctuary" policy, the blame is on them.
Perry amended his bill Tuesday to add tough civil and criminal penalties for entities that don’t comply with the bill’s provisions. One amendment would make a department head whose agency violates the provisions of SB 4 subject to criminal prosecution in the form of a class A misdemeanor. Another added a provision that would subject the local agency to civil penalties, including a fine at least $1,000 for the first offense and $25,000 for each subsequent violation.
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The severity of the proposals prompted state Sen. Sylvia Garcia, D-Houston to ask Perry how far he was willing to go.
“What’s the next [amendment] going to do? Take their first born?” she asked.
The upper chamber also predictably shot down by party line votes several amendments Democrats offered to make the bill more palatable to their constituents, including a measure by state Sen. Judith Zaffirini, D-Laredo, that would have excluded college campuses. An amendment by state Sen. José Menéndez, D-San Antonio, which sought to require peace officers to learn immigration law was also voted down, as was another by state Sen. Eddie Lucio, Jr. that would have prohibited the arrest of a person only because he or she was in the country illegally.
Garcia also asked Perry to remove a section of the bill that would punish a local entity for “endorsing” a policy that prohibits or discourages enforcing immigration law. Garcia said that section could be a violation of an elected official’s right to free speech and could be interpreted broadly.
Before the chamber began voting on the amendments, senators debated certain aspects of the bill for more than three hours. Republicans used the time to reiterate that the bill, as filed, would stand up to court challenges that might be brought over questions of constitutionality.
That debate was preceded by a memo attorney general Ken Paxton sent Perry, Lt. Gov. Dan Patrick and State Affairs Committee Chair Joan Huffman, R-Houston, in which Paxton said concerns over the bill’s legal standing were overblown.
“Our review of the law concludes CSSB 4 is constitutional, there are viable methods for covered entities to avoid liability regarding invalid detainers, and the remainder of the legal concerns are unfounded,” he said in the letter. “CSSB 4 would make great strides to keep communities secure by requiring state and local law enforcement to cooperate with federal agencies as they take care to faithfully execute the immigration laws of the United States.”
During the debate, Perry also said that the measure would be the first-ever legislation to codify protections for victims of or witnesses to crimes that agree to cooperate with law enforcement. That came after Democratic lawmakers said that even though the protections are in place, the immigrant communities would still operate under a blanket of fear if they reached out to law enforcement for any reason, including reporting a crime.
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Perry said that the misinformation being pedaled about the bill might actually make it more difficult for police to get witnesses or victims to cooperate. But he said that left the door open for a “golden opportunity” for law enforcement to explain to the immigrant community what the bill actually does. 
State Sen. John Whitmire, D-Houston, said that although lawmakers might be familiar with the nuances of the bill, the general public isn't and law enforcement officers from across the state have said repeatedly that hinders their efforts to investigate crimes and keep the streets safe.
“It may be a shame that people are afraid. But it doesn’t change the fact that people are afraid,” Whitmire said. “I am listening to the experts. It may be a shame they feel that way, but it’s absolutely true.”
After Tuesday's preliminary vote, Abbott praised SB 4 in a statement.
"Today's action in the Senate helps ensure that Sheriffs and officials across Texas comply with federal immigration laws and honor Immigration and Custom Enforcement detainer requests that keep dangerous criminals off of our streets," the statement read in part. "I want to thank Senator Perry for his leadership on this issue and look forward to final passage in the Senate tomorrow.”
The bill now heads to the Texas House, though whether the lower chamber accepts the bill as it's currently presented isn't clear. State Rep. Charlie Geren, R-Fort Worth, filed a companion bill to Perry’s original proposal, but the Texas House hasn't yet named committees and isn't moving as fast on this — or any other legislation — as the Senate is.
Read related Tribune coverage: 
  • The state’s attorney general tried to ease concerns Tuesday over whether a state-based immigration enforcement bill could be successfully challenged in courts.
  • The Texas Senate State Affairs Committee voted 7-2 along party lines early Friday morning to advance a bill that would punish local government entities and college campuses that refuse to cooperate with federal immigration officials.